Compartimos un interesante artículo preparado por Alejandro Alegre quien lo escribe como un reconocimiento a las muchas mujeres y hombres que sirvieron al Estado mexicano a través de uno de sus organismos de producción de inteligencia, el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), dependiente de la entonces Procuraduría General de la República.
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Notas sobre la creación del Centro de Planeación para el Centro de Planeación
Alejandro Alegre
Afiliado CESIG
Les quiero platicar sobre el uso de la inteligencia para atender el principal riesgo a la seguridad nacional de México, hace 30 años, cuando se elaboró el Programa Nacional y se creó el Centro de Planeación para el Control de Drogas. Lo hago como un sincero reconocimiento y agradecimiento a las muchas mujeres y muchos hombres que contribuyeron en esos trabajos.
A finales del año 1990, a dos años de haber iniciado su gestión, el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, decidió hacer un cambio estratégico en la forma de enfrentar el creciente problema de narcotráfico en el país.
Removió al Subprocurador para el Combate al Narcotráfico, Javier Coello Trejo y designó en su lugar a Jorge Carrillo Olea, entonces primer Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Lo nombró Coordinador General de Atención de los Delitos Contra la Salud, para con ello dejar muy claro que el problema de las drogas ya no se enfrentaría exclusivamente con el uso de la policía judicial federal y el ministerio público federal, para perseguir a los narcotraficantes y el apoyo del Ejército Mexicano y la Armada de México en la destrucción de cultivos ilícitos de mariguana y amapola, sino integralmente con toda la estructura del Estado mexicano. Carrillo Olea no fue designado Subprocurador al no tener la Licenciatura en Derecho para desempeñarse como tal.
Carrillo Olea tenía muy claro que había que diagnosticar el problema que México enfrentaba, ya lo venía haciendo desde el CISEN. También tenía claro que había que elaborar y presentar a la sociedad un Plan Integral y diseñar y poner en operación una estructura institucional para producir inteligencia estratégica, táctica y operativa para responder a la principal amenaza a la seguridad nacional de México.
Como parte de la decisión estratégica del Presidente Salinas, se iniciaron los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de Control de Drogas y para la creación del Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) al interior de la Procuraduría General de la República.
Una de sus primeras decisiones, acordada con el Procurador General de la República, Enrique Alvarez del Castillo, fue designar a Jorge Tello Peón como Director General de Planeación para la atención de los delitos contra la salud, quien antes de desempeñaba como Director de Servicios Técnicos del CISEN. Tello Peón se hizo acompañar de Lilia García Hernandez, también proveniente del CISEN, para iniciar la elaboración del primer Programa Nacional para el Control de Drogas, correspondiente al periodo 1989-1994, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Carrillo Olea y Tello Peón tenían también la misión y visión de crear un centro de inteligencia para atender todos los retos relacionados con el esfuerzo de México para reducir los perversos efectos del narcotráfico en el país. Era claro que el CISEN debería haber estado encargado de la producción de inteligencia para la seguridad nacional en esa materia, pero se concentró esa función en la naciente Coordinación a cargo de Carrillo Olea.
Por una parte, en el contexto internacional, era tema de fricción permanente con el gobierno y congreso de los Estados Unidos de América, motivo creciente de preocupación en la agenda con países vecinos de Centroamérica y particularmente con Colombia y por otra parte, en la esfera nacional, seguía carcomiendo las estructuras de los tres niveles de gobierno, particularmente policías, ministerios públicos y autoridades penitenciarias y el tejido social en zonas productoras y de trasiego de drogas, minando la salud y seguridad de los mexicanos. El tráfico de armas y el lavado de dinero eran ya signos de preocupación que años más tarde escalaron niveles alarmantes.
¿Cuál era el diagnóstico en ese momento?
1. Falta de reconocimiento de los poderes federales y estatales de que el narcotráfico era la principal amenaza a la seguridad nacional de México.
2. No había una estrategia integral del estado mexicano, ni de la federación para enfrentar el problema.
3. Poca o nula producción de inteligencia para atender el tema.
4. El combate al narcotráfico se entendía y enfrentaba como un problema entre policías y narcotraficantes.
5. No había coordinación alguna en ese combate, actuaban de manera aislada los policías judiciales federales, los militares y marinos, cada cuales con sus respectivos enlaces tanto nacionales como internacionales.
6. Había nula participación de autoridades estatales y municipales para atender el problema. Se decía: “es un delito federal que debe combatir la federación.” La participación de algunas autoridades de esos niveles de gobierno era para permitir la actuación de los narcotraficantes.
7. En el accionar de la Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República, se registraban graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos. En esos años no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con esta preocupación, en 1989 se estableció la Dirección General de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación, iniciativa que se repitió, en la propia PGR.
8. Había escasa información sobre la dimensión del problema desde el punto de vista de las adicciones y se carecía de criterios, acciones e instituciones de atención sanitaria, quizá con excepción de los Centros de Integración Juvenil.
9. En la esfera preventiva, no había planeación alguna ni mensaje alguno desde el sector educativo.
10. Desde la perspectiva de desarrollo social, no había involucramiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, ni diagnóstico alguno respecto de las zonas reincidentes en la producción de mariguana y amapola y a partir de ello en la definición de estrategias y acciones tendientes a mitigar o remediar la situación.
11. La cooperación internacional privilegiaba la relación bilateral con los Estado Unidos de América y México era cuestionado cada año en el congreso de ese país por el proceso de certificación de los resultados de México para disminuir el flujo de drogas a los EUA.
12. La cooperación con EUA priorizaba el intercambio de información para la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola (coordenadas con la ubicación de plantíos) para la detención de narcotraficantes y para la intercepción de aeronaves que transportaban drogas.
13. Había un solo discurso respecto al problema que representaba México para los EUA como oferente de drogas, sin incluir en la discusión la posición de los EUA como primera nación demandante de drogas y de abastecimiento de armas, precursores químicos y dinero a México. Siendo un problema multidimensional, se trataba exclusivamente en la vertiente bilateral de procuración de justicia, sin elevar la discusión a otras alturas y ámbitos de cooperación.
14. Agentes de los EUA acreditados en México, en particular de la Drug Enforcement Administration (DEA) realizaban en nuestro país actividades ilegales de investigación, además de que había sobrevuelo de aeronaves americanas con radares en espacio aéreo mexicano y satélites tomando imágenes de plantíos de drogas.
15. No había relación de trabajo alguna con autoridades de los países vecinos de centro américa, caribe y américa del sur, que también resultaban afectados por la producción y transporte de droga, siendo que los delincuentes sí se relacionaban entre sí. Incluso el diálogo incipiente entre policías de esos países siempre era triangulado a través de las autoridades de los EUA.
16. Debilitamiento de las estructuras policiales del gobierno federal, por el involucramiento de policías judiciales federales, policías federales de Caminos y ex integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, en todo el ciclo de producción y distribución de drogas. Ello también se hacía extensivo a la colusión de policías estatales y municipales.
17. Nula participación de la sociedad civil, padres de familia, maestros, sindicatos y centros de trabajo, entre muchos otros, en la prevención y atención de las adicciones, que ya eran un problema, que ahora vemos con niveles más graves.
18. Casi escaso estudio-análisis del tema por parte de universidades, académicos, centros de investigación u otros especialistas que abonaran en la elaboración del diagnóstico y propuestas de soluciones.
En 1989, mediante un estudio que realizó el CISEN para conocer el nivel de confianza entre miembros de la Policía Judicial Federal, la Policía Federal de Caminos y la Policía del Distrito Federal, para seleccionar a 100 policías mexicanos que pudieran apoyar la misión de paz en El Salvador, se pudo constatar lo difícil que fue seleccionarlos, principalmente por la baja alineación con los perfiles deseables para esa misión. Sirvan estas líneas para recordar a uno de los que sí aprobó las pruebas y prestó sus servicios por algunos años en El Salvador, Alejandro Ramírez Acevedo, quien mucho apoyó y aprendió de nuestro embajador para esa misión, Benito Andión Sancho y luego ambos coincidieron prestando sus servicios de manera dedicada y ejemplar en el CISEN.
Es así que con ese primer diagnóstico se resuelve dar los primeros pasos. Primero el cómo y luego el con qué hacer el trabajo. El cómo, era elaborar el Programa Nacional para el Control de Drogas, quizá solo con un antecedente a nivel mundial, el caso de los EUA, que sí tenía una estrategia y una oficina presidencial para ese propósito. Políticamente hablando había un claro mensaje y compromiso de las autoridades americanas para con sus ciudadanos.
Para recopilar información indispensable para elaborar la estrategia mexicana, Carrillo Olea y Tello Peón se entrevistaron con casi todos los gobernadores de las entidades federativas y secretarios de estado y los subsecretarios designados por los primeros para explicarles el cambio de estrategia para enfrentar el narcotráfico, pedirles la necesaria participación de sus gobiernos y dependencias y proponer políticas públicas y acciones específicas en el marco de sus respectivas atribuciones.
Destacaron por su participación,: Andrés Rosenthal Gutman y Miguel Ruiz Cabañas de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Fernando del Villar Moreno y Wilfrido Robledo Madrid de la Secretaría de Gobernación-CISEN; Enrique Tomás Salgado, Javier del Real Magallanes, Marcelino Mendoza Jardines, Cuauhtémoc Antúnez y Mauro Enrique Tello Quiñones, de la Secretaría de la Defensa Nacional; Jorge Mora y Daniel Bosada, de la Secretaría de Marina; Rafael Velasco, Guido Belsasso, Jesús Cabrera y Roberto Tapia, de la Secretaría de Salud; José Ángel Pescador Osuna, de la Secretaría de Educación Pública; Francisco Gil Díaz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Luis Tellez, de la Secretaría de Agricultura; Carlos Ruiz Sacristán de la Secretaría de Programación y Presupuesto; Herminio Blanco de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Carlos Rojas Gutiérrez de la Secretaría de Desarrollo Social y Luis Vázquez Cano de la Secretaría de la Contraloría, por citar algunos.
Poco tiempo después algunos de ellos integraron el Consejo del Centro de Planeación para el Control de Drogas, creado formalmente en julio de 1992, cuyo primer Director General fue Jorge Tello. A partir de entonces, se analizaban en la misma agenda, la salud de los mexicanos que consumían drogas, la prevención a través de las escuelas, el desarrollo social de los campesinos productores de mariguana y amapola en territorio nacional y de las comunidades afectadas por la siembra y distribución inicial de drogas, la cooperación internacional, la coordinación de los tres niveles de gobierno en México para definir y acordar claramente la corresponsabilidad de las dependencias federales y las entidades federativas y municipios en la materia.
Después de varios meses de trabajo intenso con la pluma de Carrillo Olea, Tello Peón, Lilia Garcia, Cibeles Marín Millán, José Valero, Jorge Espejel, Mario Carrillo, José Luis Herrera, y muchos otros, se da a conocer a la opinión pública el Programa Nacional para el Control de Drogas en México 1989-1994. La presentación fue en la residencia oficial de Los Pinos ante 500 asistentes, ejemplificativamente servidores públicos de las dependencias arriba citadas, directivos de Organizaciones No Gubernamentales, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sociedad interesada. Por primera vez en la atención al tema, ya estaba presentado el cómo.
En paralelo, se comenzó a construir el con qué. El instrumento coordinador que iba a dar seguimiento al Programa Nacional y ese era el naciente Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO). Al igual que como ocurrió con el CISEN, en ninguno de esos dos centros de inteligencia los tomadores de decisiones quisieron poner la palabra inteligencia en la denominación de la institución, debido a la negativa percepción y connotación de la actividad y a la falta de cultura en la materia.
Allí tenemos, desde 1993, hace 27 años, el primer centro de fusión de inteligencia en México, dedicado a atender el principal riesgo a la seguridad nacional de México.
El CENDRO se nutrió para su diseño con ideas que aportaron los gobiernos de países de norte, centro y Sudamérica, los que también padecían el narcotráfico. Llamó mucho la atención en las diversas reuniones con representantes de esos países, que nunca México, salvo con EUA, había tenido contacto institucional y sistemático alguno para proponer y acordar mecanismos de colaboración. Ni con Guatemala o Belice, nuestros vecinos del sur, y tampoco, con Colombia, principal productor y exportador de cocaína.
Fue necesario a nivel internacional y en paralelo a nivel nacional, iniciar la construcción de la confianza y crédito que se requería para poder definir enlaces institucionales para el intercambio de información de la más alta sensibilidad, puesto implicaba la seguridad de muchas personas y la reputación de instituciones y países.
Hasta ese momento, la relación con esos países se llevaba en forma triangular a través de la DEA como intermediario del dialogo. También era de llamar la atención que los países de la región habían resuelto tener centros de inteligencia operativa exclusivamente, en esos años llamados JICC (Joint Information Coordination Center) que se limitaban a procesar y compartir con EUA información básica sobre el trasiego aéreo, marítimo y terrestre de drogas e integrar bases de datos, siempre con una plataforma tecnológica financiada y administrada por los EUA y así el gobierno americano garantizaba su acceso a esa información. Esos centros de inteligencia no se encargaban de producir inteligencia estratégica y poca táctica para sus respectivos países.
Una de las visitas obligadas lo fue a El Paso Intelligence Center (EPIC) en Texas, que era la institución americana que concentraba la producción de inteligencia táctica y operativa en la materia y el centro de monitoreo de la infraestructura americana de detección fronteriza en Riverside, California. Parte de lo difícil de la colaboración con los EUA es que había más de una veintena de agencias gubernamentales que tenían responsabilidad en el tema de las drogas, desde el punto de vista de su combate.
México decidió en ese momento crear un único canal de colaboración entre México y EUA, el CENDRO, con ello se terminó la práctica del gobierno de los Estados Unidos de reclutar y manipular con sus agentes a servidores públicos de distintas dependencias mexicanas relacionadas en la atención del tema. En esas visitas fue fundamental el apoyo de los enlaces americanos acreditados en México, agentes de la DEA, Ralph Saucedo, Michael Vigil, Thomas Telles y James Mittica, así como el compromiso político del Subsecretario de Estado Jeffrey Davidow y la Procuradora Janet Reno.
Esa decisión del gobierno mexicano de tener una ventanilla única para el intercambio de información sobre el narcotráfico, fue importantísima para construir bases de datos, líneas de investigación y dar seguimiento a las tareas que se iban acordando dentro y fuera de México para el combate de ese delito. Se institucionalizó la recopilación, procesamiento, análisis, custodia y difusión de la información y con ello la información dejó de estar en manos de algunos y mitigar el riesgo de que se usará en beneficio y perjuicio de otros.
En el caso de Colombia fue muy relevante el apoyo de generales de la Policía Antinarcóticos y Judicial, Rosso José Serrano y Luis Enrique Montenegro y del Director del Departamento Administrativo de Seguridad, Fernando Brito, mientras que en Guatemala de los mandos militares Otto Pérez Molina, Ricardo Bustamante y Jacobo Salám.
Algo que sucedió en esos años y hay que tener siempre presente, para tratar de evitarlo en el futuro, es el no destinar recursos presupuestales suficientes a las prioridades nacionales, aceptando financiamiento de otros gobiernos. Seré claro, para poder acceder a computadoras, paquetes informáticos, softwares especializados y capacitación, se recibió el apoyo en especie de 1 millón de dólares del gobierno de los EUA, administrados a través de la Oficina Antinarcóticos en la Embajada de los EUA en México. Se aceptó la colaboración americana con la condición de nuestra parte que no seríamos un apéndice más de la red de centros de inteligencia operativa que administraban los EUA en centro y Sudamérica, los antes referidos JICC’s.
En la vertiente tecnológica arriba citada fue decisivo el apoyo de la compañía Wang y el talento y compromiso de Mario Silva, quien con otros ingenieros mexicanos desarrollaron muchas herramientas informáticas para el accionar del CENDRO.
Para albergar a los muchos servidores públicos que ya trabajaban en la elaboración del Programa Nacional 1989-1994 y en el naciente CENDRO, la Procuraduría General de la República rentaba un par de pisos en un edificio sobre la calle República de El Salvador esquina con la avenida 20 de noviembre, en el centro de la Ciudad de México, muy poco dispuesto en materia de seguridad para resguardar a esos servidores públicos y a la información que ya comenzaban a recopilar, procesar y almacenar. La planta baja de ese inmueble albergaba una tienda de ropa para mujeres y un expendio de billetes de lotería nacional para la asistencia pública. Parecía una extraordinaria y decidida “pantalla” o “cobertura” para el naciente CENDRO, lo era, pero por casualidad, no por intencionalidad.
El Centro de Planeación para el Control de Drogas tuvo por objeto la coordinación, planeación, conducción, evaluación e intercambio de las acciones realizadas entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de los gobiernos estatales y municipales, que por sus atribuciones y esferas de competencia participaban desde los ámbitos educacional, de atención médico sanitaria y de atención jurídico penal en el control del abuso de las drogas, Asimismo, era el conducto para el intercambio de información con gobiernos extranjeros y organismos internacionales sobre la materia.
El CENDRO comenzaba a encargarse de la producción de inteligencia estratégica, táctica y operativa para el control de drogas, lo que lo ubicaba como el primer centro en el mundo con atribuciones para producir los tres niveles de inteligencia que se conocían y conocen y más en un tema tan especializado y relevante como el de las drogas.
En el cumplimiento de su objetivo, el CENDRO y particularmente en la producción de inteligencia estratégica, a cargo de Lilia García, acompañada en esa responsabilidad de José Valero y Jorge Espejel, el CENDRO proponía políticas públicas y daba seguimiento a su instrumentación y ejecución a través de reuniones periódicas a nivel subsecretario del gobierno federal. Entre algunos de los productos de inteligencia destacaron, los Programas Estatales para el Control de Drogas y el estudio sobre las poblaciones reincidentes en el cultivo de drogas. En un claro y ejemplar ejercicio de política pública, cada entidad federativa fue apoyada por el CENDRO para que pudieran elaborar su respectivo plan.
También, con la destacada participación de Oscar González César, Cibeles Marín Millán, Pablo Ruiz Limón, Raúl Bernat y Víctor Corzo Cabañas, quienes apoyaban a Carrillo Olea en la cooperación internacional, se logró que México convenciera a EUA de la conveniencia de acordar un esfuerzo multilateral en el continente americano, que se cristalizó con la primera cumbre presidencial encabezada por los presidentes George Bush y Carlos Salinas en la ciudad de San Antonio, Texas. México demostró en la esfera internacional la importancia de la política multilateral para realizar diagnósticos y acordar estrategias comunes entre varios países de centro y sur américa y con ello elevar el nivel de interlocución ante el gobierno de los EUA. Nuestro país jugaba un rol preponderante en la interlocución regional para atender el principal riesgo a la seguridad de la región. Ese ha sido y es el papel de México en la esfera regional internacional.
También el CENDRO produjo inteligencia táctica para conocer el quiénes, el cómo, con qué recursos, a través de qué rutas, con qué estructuras, en qué medios de transporte, cuáles fuentes de financiamiento, etc., con la participación, entre muchos más, de María Eugenia Cherny, Isidoro Gonzalez, Otoniel López, César Cueva, José Olvera, Emilio González, Víctor Saavedra, Eduardo Yupit, Armando Sotelo, Pedro y Jorge Peregrino.
Entre los productos de inteligencia que se elaboraron a partir de la revisión de todas y cada una de las averiguaciones previas que se desahogaban a nivel nacional por delitos contra la salud en el ministerio público federal, destacó el primer documento estadístico confiable sobre aseguramientos de drogas, detención de presuntos responsables, armas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, dinero y superficie erradicada, en el llamado Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas, que a partir de ese momento era también un producto para compartir a nivel nacional e internacional y con ello fomentar el mejor conocimiento en la materia en el continente americano.
Me parece a la distancia, que hoy en día no hay institución alguna en México que se encargue de procesar toda la información de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, a nivel federal y estatal, para producir inteligencia que permita tratar de reducir los niveles de inseguridad en México. Quizá es una de las asignaturas de los centros de fusión que fueron creados durante la administración federal 2012-2018.
Con el antecedente en México del Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas , México propuso a la comunidad internacional y lo aceptó, la creación del Sistema Hemisférico de Información para el Control de Drogas, que concentraba los datos relevantes en la materia que compartíamos todos los países de la región.
Se trataba del primer esfuerzo multilateral para dimensionar la superficie dedicada al cultivo de drogas, la erradicación de los mismos, el volumen de drogas que se traficaba e interceptaba a nivel continental, las personas detenidas por esas actividades ilícitas, los vehículos aéreos, marítimos y terrestres utilizados para el trasiego de las drogas, así como los precursores químicos y las armas incautadas a los criminales.
Gracias a ese andamiaje institucional para el intercambio de información, basado en la confianza de los interlocutores e instituciones, se logró la detención de Joaquín Guzmán Loera en Guatemala y traerlo a México para enfrentar los cargos que se le imputaban. En paralelo destacaron importantes aseguramientos de cocaína en El Salvador, relacionados con el mismo asunto, a cargo de la naciente Policía Civil, que México había ayudado a integrar años atrás.
Otro producto táctico y operativo que se diseñó e instrumentó fueron los llamados Puntos de Revisión Carreteros (PRECOS) con la presencia de personal de la SEDENA, Policía Judicial Federal, Policía Federal de Caminos y en ocasiones de SEMAR y las autoridades estatales y tenían el objetivo de interceptar drogas en su recorrido terrestre por territorio nacional. La idea fue que no hubiera una autoridad responsable de esos puntos de revisión, sino que hubiera varias corresponsables y con ello se reducía el riesgo de colusión para permitir el trasiego de drogas por el país en su destino a los EUA. Se trató de superar la desconfianza entre las instituciones, con la confianza que brindaba la responsabilidad compartida.
Me parece que los PRECOS fueron el primer antecedente de las ahora conocidas Bases de Operación Mixta (BOM) y presentes ahora en casi todas las entidades federativas, que impulsó Tello Peón a partir de 1994, ya a cargo del CISEN, después de su paso por el Instituto Nacional para el Combate a la Drogas. En la concepción operativa de los PRECOS, quiero reconocer el trabajo de Eduardo Yupit y Víctor Saavedra, quienes recorrieron gran parte de la frontera sur de México para proponer los lugares en los que se instalarían los primeros puntos de revisión.
Para hacer más eficiente el trabajo de los PRECOS y de las aduanas mexicanas, el CENDRO elaboraba, con base en el análisis de las averiguaciones previas, perfiles con el modo de operación de los traficantes, incluyendo los compartimentos adaptados en vehículos de transporte de carga y pasajeros en los que se movían las drogas, armas y dinero en efectivo. La intención era que esos perfiles fueran utilizados por los servidores públicos que estaban presentes en los PRECOS y por los policías federales que protegían las carreteras y los agentes de aduanas que revisaban la carga en los cruces fronterizos y puertos aéreos y marítimos. La inteligencia táctica era para explotarse por quienes la podían aprovechar en sus tareas institucionales.
Otros producto de inteligencia, tanto estratégico como táctico, lo fueron las reglas de actuación de los agentes de otros países acreditados en sus respectivas embajadas en México. Se establecieron oficialmente límites de actuación que incluían número de agentes, movilidad, prohibición de uso de armas y de participar en operativos, ello mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, suscrito por los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y Procurador General de la República. Esas reglas, que causaron gran molestia al gobierno americano, entiendo nunca fueron derogadas y por ello siguen vigentes pero claramente inobservadas.
Con esas reglas de actuación se encauzó particularmente la agenda de colaboración con la DEA y con ello se definieron prioridades y responsabilidades que se revisaban por lo menos mensualmente en las instalaciones del CENDRO, con participación de la Policía Judicial Federal y posteriormente de la Policía Federal Antidrogas, del nuevo Instituto Nacional para el Combate de Drogas.
También, como parte de los productos de inteligencia, se analizaron conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, Salud y Comercio, importaciones y exportaciones de precursores químicos para el procesamiento de las drogas, lo que permitió solicitar a las autoridades de otros países verificar la legitimidad de la empresas que los enviaban a México e iniciar en nuestro país las primeras visitas a empresas que importaban esos productos para revisar el uso que le daban a esas sustancias que posteriormente se comenzaron a controlar a nivel mundial.
En otra lección de fusión de inteligencia a nivel federal, se creó el primer padrón con fotografía de todos los aeródromos registrados y no registrados en territorio nacional, si mal no recuerdo casi 4 mil entre unos y otros, el primer padrón con fotografía y ubicación de todas las aeronaves en el país, sobre todo tomando en cuenta que en esos años el traslado de drogas era en su mayoría en aviones provenientes de Colombia. Años después, por el éxito en la intercepción aérea de cocaína, los narcotraficantes optaron por traslados marítimos.
Para la elaboración de ese padrón, el CENDRO entregó a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Transportes una relación de los aviones y aeródromos que había que visitar para entrevistar a sus dueños, fotografiar las pistas y aeronaves y geo referenciarlas y a partir de ello se inició la destrucción de muchas pistas y cancelación de matrículas de muchas aeronaves que eran usadas en actividades ilícitas.
En el combate a la corrupción y en particular la producción de inteligencia sobre servidores públicos presuntamente relacionados con el narcotráfico, destacó la entrega puntal al CISEN y a la Secretaría de la Contraloría, de listas de personas que figuraban en instituciones federales policiales que había que investigar para comprobar o no sus nexos con esa actividad delictiva.
La tercera faceta de producción de inteligencia en el CENDRO, era la operativa. Se trataba de la articulación de la respuesta de las fuerzas armadas y policías federales para con la información proveniente de los enlaces de los EUA y de países centro y sudamericanos poder interceptar las aeronaves, embarcaciones y vehículos terrestres en las que se internaban drogas a territorio nacional.
Hasta antes de la creación del CENDRO, la prioridad de EUA y por tanto aceptada en México era interceptar las drogas antes de que ingresaran a los EUA y por eso el nombre de los operativos conjuntos con ese país- Northern Border Response Force. Ello implicaba que los “retenes” de la Policía Judicial Federal estaban dispuestos mayoritariamente en estados del norte del país. Aquí hay que reconocer el destacado trabajo de José Luis Figueroa Cuevas, Pedro Roberto Huerta Robles, Armando Subirats y todos los enlaces acreditados en el CENDRO por parte de la SEDENA, SEMAR, Policía Judicial Federal, Dirección General de Intercepción de la PGR y Policía Federal de Caminos, quienes estaban presentes las 24 horas de los 365 días del año en el CENDRO, ya en sus segundas instalaciones en la avenida Morelos, casi esquina Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para garantizar la respuesta operativa coordinada de la federación.
Una gran muestra de compromiso institucional, responsabilidad y altura de miras, fue el que los secretarios a cargo de las dependencias arriba señaladas, confiaran en comisionar a colaboradores suyos en este esfuerzo de coordinación operativa, no visto antes en el país y sobre todo considerando que servidores públicos civiles estarían a cargo de esta coordinación.
¿Cómo funcionaba esta respuesta operativa? Una vez que el CENDRO recibía la información de enlaces de otros países sobre un vehículo, principalmente aéreos, que pretendía internarse a territorio nacional con droga, se compartían con el mando territorial de la dependencia que tuviera la más próxima capacidad de reacción operativa y a través de los enlaces mexicanos arriba referidos se daba seguimiento operativo a esa respuesta hasta que se concretara o no la intercepción aérea, marítima o terrestre. Hay que reconocer que la gran mayoría de los casos eran exitosos en la intercepción de las drogas y vehículos y en la detención de los presuntos responsables. Este accionar obligó al gobierno a desarrollar protocolos de actuación y comunicación no existentes hasta ese momento y por supuesto también para la interlocución operativa a nivel internacional y seguramente hoy actualizados para enfrentar otras amenazas a la seguridad nacional de México.
Al mejorar la respuesta operativa del gobierno de la República, las cifras de los decomisos de drogas en el país entre 1990 y 1993 crecieron significativamente ( ver los respectivos informes de gobierno del titular del ejecutivo federal) y con ello se modificó el actuar de los narcotraficantes, para ya no aterrizar sus aviones con droga proveniente de Colombia en aeropuertos y aeródromos registrados y no registrados, sino comenzar a lanzar desde aeronaves en vuelo los paquetes con cocaína para ser recogidos en el mar, lagunas o tierra por delincuentes utilizando embarcaciones o vehículos terrestres, por lo que también la SEMAR y luego la SEDENA desarrollaron capacidades con lanchas interceptoras para enfrentar el nuevo reto operativo.
También se propuso desde el CENDRO, con la participación de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Comunicaciones y Transportes y se definió una política pública respecto del uso o no de aviones artillados de la Fuerza Aérea Mexicana para derribar aeronaves que se internaban ilegalmente en el espacio aéreo mexicano.
Los principales entregables de la producción de inteligencia operativa eran el propio proceso de actuación conjunta de las distintas fuerzas operativas del gobierno de la República y con ello aseguramientos históricos anuales de cocaína, alrededor de 50 toneladas por año, en los años 1992 y 1993.
En 1993, ya demostradas las capacidades institucionales del CENDRO, comenzó a construirse al sur de la Ciudad de México un edificio propio en el mismo terreno que ocupaba el Resguardo Aduanal Mexicano de la SHCP, en Calzada de Tlalpan y División del Norte, que fue puesto en operación años después. Para conseguir ese espacio físico y presupuestal, fue muy importante la gestión del entonces Subsecretario Francisco Gil Díaz y del Director General de Aduanas, Luis Manuel Gutiérrez Levy.
A principios de 1994 el esfuerzo integral se desvió e interrumpió, con la irrupción pública en Chiapas del autollamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que provocó la reasignación de prioridades en la agenda nacional de Seguridad y con ello el cambio de responsables del INCD y el CENDRO al CISEN. Es importante subrayar que ese esfuerzo entre 1989 y 1994 soportó el cambio de titulares de la Procuraduría General de la República, fueron 5 en esos años, algo no muy recomendable para el diseño y construcción de instituciones.
Me parece que con el paso de los años el hoy CENAPI amplió la agenda de temas para producción de inteligencia y quizá ello abonó en que se perdiera la especialización en uno de los temas prioritarios de la agenda nacional de seguridad.
Al igual que en otras instancias de seguridad e inteligencia del estado mexicano, la alta rotación de los cuadros directivos en el CENDRO y hoy CENAPI, mermó sus capacidades de organización, planeación y operación de mediano y largo plazo. A 27 años de creación del CENDRO se pueden contar más de 12 titulares, es decir un promedio de 2.2 por año, así es difícil de mantener permanencia de objetivos y resultados, pero principalmente la confianza con los interlocutores de inteligencia y seguridad a nivel nacional e internacional. Construir confianza lleva su tiempo.
Todo lo anterior es la narrativa de un ejercicio público que logró los resultados esperados y ojalá sirva para replicar las cosas que se han hecho bien en materia de inteligencia para la seguridad nacional.
Al igual que años antes con la creación del CISEN, con el Programa Nacional para el Control de Drogas y con el CENDRO, hubo apoyo del Presidente de la República, se definieron estrategias claras al más alto nivel, se hicieron públicas, se invitó a la sociedad a participar, se crearon, fortalecieron y/o transformaron las instituciones, se integraron los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, se cooperó con la comunidad internacional de manera bilateral y multilateral, se establecieron atribuciones sin duplicidades, se instrumentó la estrategia, se le dio seguimiento, se formaron servidores públicos, se mapearon procesos operativos y de flujos de información y por supuesto se rindieron cuentas. Nunca en mis 14 años de servicio público en las instituciones de inteligencia para la seguridad nacional recibí instrucción alguna para privilegiar la atención o no de grupo criminal alguno.
A manera de conclusión y provocación, estimo de la más alta relevancia y urgencia la creación de un Centro de Inteligencia para la Seguridad Pública, como parte de la respuesta-estrategia a la más sentida exigencia de la sociedad, mejorar los niveles de seguridad pública en el país, primordialmente para reducir la incidencia de los delitos que más nos aquejan, los del fuero común.
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