Seminario sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza
¿Hay o no hay soluciones?: el conflicto de las atribuciones gubernamentales en la seguridad pública
En el marco del seminario: “¿Hay o no hay soluciones? El conflicto de atribuciones gubernamentales en Seguridad Pública”, se reunieron dos figuras clave con profunda experiencia en la administración pública y la seguridad nacional: Francisco Labastida Ochoa y Jorge Tello Peón. La conversación giró en torno a una cuestión central y urgente: el papel que deben desempeñar los gobiernos estatales en la estrategia de seguridad pública y las condiciones institucionales que impiden su eficacia.
Desde el inicio, Labastida fijó una postura crítica y honesta al reconocer que, en su momento, rechazó ser gobernador bajo la presidencia de López Portillo precisamente por no sentirse preparado para enfrentar el problema de la seguridad pública. Esta anécdota no fue menor: reflejó un reconocimiento temprano de la complejidad del fenómeno y la responsabilidad que implica para los gobernadores. Para él, México enfrenta hoy su problema más grave: la inseguridad. A pesar de ciertos avances recientes, enfatizó que estamos aún en las fases preliminares de una solución de fondo, que exige una transformación estructural en múltiples frentes del aparato estatal.
Labastida fue categórico en señalar que la solución sí es posible, siempre que se tenga claridad en el diagnóstico. Es decir, no basta con voluntad política; se requiere un entendimiento integral del problema, identificar sus múltiples dimensiones y diseñar respuestas institucionales para cada una. Subrayó fallas críticas como la impunidad, la baja capacidad del Ministerio Público y la escasez de jueces en México en comparación con estándares internacionales. Mencionó puntualmente que México tiene una tasa de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes significativamente menor que el promedio de la UE.
En esta línea, Tello Peón centró su intervención en el gobierno estatal como punto de enlace entre el nivel federal y el municipal. Para él, los municipios deben ser el primer frente de atención a los ciudadanos, no por su fuerza coercitiva, sino por su cercanía. Sin embargo, sin la intermediación activa de los estados, esa atención pierde coordinación, legitimidad y eficiencia. Tello apuntó una posibilidad inquietante: ¿y si algunos gobernadores están coludidos con el crimen organizado? Labastida respondió con contundente afirmación: sí, algunos lo están. Esto refuerza la urgencia de un sistema estatal de seguridad sólido, con capacidades técnicas, diagnósticos reales y voluntad política no capturada por intereses criminales.
Ambos coincidieron en que la reforma judicial ha sido un ejemplo de diseño parcial: se centró en los jueces, pero descuidó la procuración de justicia, dejando coja una transformación institucional necesaria. Para Labastida, la seguridad debe ser la prioridad número uno del país, pero el gobierno actual ha recortado el presupuesto destinado a ella. Esto, dijo, revela una disonancia peligrosa entre el discurso oficial y las verdaderas prioridades de la ciudadanía.
En la sesión también emergió la dimensión política y moral de la gobernanza. Tello evocó el caso de El Salvador y Nayib Bukele como un ejemplo de respuesta eficaz, aunque controversial, al clamor ciudadano por seguridad. Labastida reconoció que la democracia es valiosa, pero también lo es la eficacia: la gente exige resultados.
Un tema transversal fue también la unidad de mando. Mientras Labastida reconoció el valor del conocimiento territorial que poseen los policías municipales, advirtió que una centralización total de la estrategia podría ser contraproducente. La clave está en una adecuada coordinación estatal, que aproveche la información local sin fragmentar la política pública. Tello planteó una pregunta estratégica: ¿cómo involucrar a la ciudadanía en este proceso? Labastida respondió que la sociedad civil es hoy el instrumento fundamental para incidir en políticas públicas. Sin embargo, lamentó que el país ni siquiera cuenta con el número suficiente de policías ni con cuerpos mínimamente capacitados: muchos no saben interrogar, otros obtienen confesiones con golpes, no están entrenados en inteligencia, y algunos están directamente vinculados al crimen organizado.
En síntesis, el seminario dejó clara la postura de ambos participantes: el gobierno estatal es el eje articulador de la seguridad pública en México, pero ese papel está debilitado por carencias institucionales, falta de diagnóstico, captura criminal y una escasa articulación con otros niveles de gobierno y la sociedad. La solución, aunque compleja, no es imposible: pasa por dotar a los estados de capacidades reales, controlar la colusión, coordinar inteligentemente con municipios y federación, y, sobre todo, redefinir el contrato social entre gobierno y ciudadanía para recuperar la confianza en la acción estatal.
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